La admisibilidad del libelo fue rechazada tras reunirse 71 votos a favor de ella y 76 contrarios.
Seis horas duró en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados el tratamiento de la admisibilidad de la acusación constitucional en contra del ministro de Educación, Raúl Figueroa.
Luego de la presentación de la parte acusadora, a cargo de la diputada Camila Rojas (Comunes); y de la defensa, por medio del abogado Jorge Gálvez, se abrió el debate de las bancadas. Inmediatamente después vino la votación: 71 votos apoyaron la admisibilidad, mientras que 76 la rechazaron.
Por efecto de dicho resultado, concluye su trámite en la Corporación y se entiende por no presentada la acusación desde la perspectiva formal.
El diputado Juan Santana, a nombre del PS, recalcó que el titular de Educación tiene el deber de actuar preventivamente para aminorar los riesgos. En tal punto, afirmó que los protocolos decretados no están siendo implementados por los establecimientos. Así, ironizó mencionando que la lavada de manos solo sirve para prevenir del Covid-19 y no para evadir responsabilidades.
El diputado Luis Pardo, en representación de la Bancada de Renovación Nacional, llamó a descartar la acusación. Pidió hacer pesar los criterios objetivos y no dejarse llevar por opiniones políticas. Dijo que es legítimo tener puntos diferentes respecto de la forma en cómo se han enfrentado algunas materias, pero no asociar ello a faltas constitucionales o legales. Además, sostuvo que ninguna de las afirmaciones de los acusadores tiene sustento y defendió las políticas impulsadas por el Mineduc, avaladas por organismos y autoridades, tanto internacionales como nacionales.
Por el Partico Comunista tomó la palabra la diputada Marisela Santibáñez, integrante de la comisión que analizó la acusación. Señaló que, con los antecedentes a la vista, “resulta absolutamente procedente esta acusación constitucional”. Sostuvo que el ministro “decidió no proveer ni gestionar más recursos para los establecimientos educacionales”. Asimismo, destacó que la puesta en marcha de clases presencial “no puede ser una amenaza a la vida de quienes son partes del sistema educacional”.
Desde la UDI tomó la palabra el diputado Juan Fuenzalida, quien presidió la comisión que analizó el libelo. El parlamentario recordó que los mismos que presentaron la acusación fueron los que patrocinaron proyectos para impedir el retorno presencial y seguro.
También desde el comité UDI, el diputado Enrique Van Rysselberghe. Lamentó la “perdida de tiempo” para el ministro, cuando debería estar ocupado en mantener una educación de calidad. Descartó que no hubiesen recursos adicionales para cumplir con las medidas sanitarias. Recalcó, además, que ningún estudiante ha sido obligado a volver, porque siempre la voluntariedad estuvo primero.